A continuación, relaciono los principios que deben ser tenidos en cuenta para realizar la evaluación de las propuestas en el proceso de selección abreviada y su respectiva justificación:
- Responsabilidad: Durante todo el proceso contractual y especialmente en la etapa de evaluación, las autoridades y sus agentes deben asumir las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.
- Transparencia: El proceso de evaluación debe ser del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.
- Economía: Durante todo el proceso contractual y especialmente en la etapa de evaluación, las autoridades deben proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
- Planeación: Se debe procurar el cumplimiento de cronogramas y actividades conforme se han proyectado.
- Selección objetiva: Las autoridades deben actuar de manera imparcial, la escogencia del contratista deberá hacerse teniendo en cuenta el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
- Debido proceso: Las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
- Igualdad: Durante todo el proceso contractual y especialmente en la etapa de evaluación, las autoridades deben dar el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento.
- Imparcialidad: Durante todo el proceso contractual y especialmente en la etapa de evaluación, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
- Buena fe: Durante la evaluación las autoridades y los particulares deben presumir el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
- Moralidad: Durante todo el proceso contractual y especialmente en la etapa de evaluación, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.
- Participación: Durante todo el proceso contractual y especialmente en la etapa de evaluación, las autoridades deben promover y atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades, encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
- Publicidad: Las autoridades deben dar a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Coordinación: Durante todo el proceso contractual y especialmente en la etapa de evaluación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
- Eficacia: Durante todo el proceso contractual y especialmente en la etapa de evaluación, las autoridades deben buscar que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, deben remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanear, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
- Celeridad: Las autoridades deben impulsar oficiosamente los procedimientos, e incentivar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.
